International, Costa Rica, Mexico, Chile, Ecuador

20 – 20 April, 2021

Un par consistente para el empoderamiento ciudadano: La Carta de la Tierra y el Acuerdo de Escazú

Martes, 20 de abril 2021
a las 12:00pm (horario Costa Rica)
Evento virtual

Grabación:

Objetivo:

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra y de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la Carta de la Tierra Internacional y la Red Mexicana de la Carta de la Tierra unen esfuerzos para generar una reflexión sobre el Acuerdo de Escazú y la Carta de la Tierra. Buscamos un espacio donde se pueda identificar los puntos de encuentro y como ambos documentos permiten el empoderamiento ciudadano con más certidumbre para incidir en la sustentabilidad de América Latina y el Caribe.

Participan:

Yolanda Kakabadse
Fundadora de la Fundación Futuro Latinoamericano, exministra de Medio Ambiente del Ecuador, ex presidente de la UICN, y de la WWF y miembro de la Comisión Internacional de la Carta de la Tierra.

Mauricio Limón Aguirre
Ex Subsecretario de Política Ambiental de la SEMARNAT, México, Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, México. Autor de libro “los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental”.

Carlos de Miguel
Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL. Economista, es Doctor en Economía por la Universidad de Valladolid (España), Magister en economía ambiental por la Universidad de Chile (Chile).

Mateo Alfredo Castillo Ceja
Profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, fue jefe de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT, Coordina la Red Mexicana de la Carta de la Tierra y es Miembro de Consejo Internacional de la Carta de la Tierra.

Organizan:

  • Carta de la Tierra Internacional y,
  • la Red Mexicana de la Carta de la Tierra

Introducción:

Los países de América Latina y del Caribe han desempeñado un papel relevante, a través de iniciativas multilaterales que se han traducido en la adopción del único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general, confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.

Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.

Aunque el Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra, se requiere aun un trabajo incansable y comprometido para darlo a conocer y sensibilizar a los gobiernos y sociedad en general sobre sus enunciados, lograr que más países de la región se unan al tratado y asegurar procesos para su implementación.

El Acuerdo Regional sobre los derechos de acceso a la información, la Participación Pública y a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.

La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales para la construcción de una sociedad global en el Siglo XXI justa, sostenible y pacífica. Busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia y responsabilidad compartida por el bienestar de la familia humana y del mundo en general.

Es una expresión de esperanza y un llamado a contribuir a la creación de una sociedad global, en el marco de una coyuntura histórica crítica. La visión ética inclusiva del documento reconoce que la protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo humano equitativo y la paz, son interdependientes e indivisibles. Ello brinda un nuevo marco con relación a la forma de pensar acerca de estos temas y de cómo abordarlos. El resultado incluye un concepto más amplio sobre qué constituye el desarrollo sostenible.

La Carta de la Tierra es el producto de conversaciones interculturales, llevadas a cabo en el ámbito mundial durante una década, con respecto a metas comunes y valores compartidos.

Ambos documentos se encuentran para lograr una sinergia que contribuya a una sociedad justa, sustentable y en paz.

Este conversatorio abordará las siguientes reflexiones:

  1. ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre la Carta de la Tierra y el Acuerdo de Escazú, como es que se acompañan y fortalecen para lograr estos derechos de acceso?
  2. ¿Cómo ambos contribuyen al empoderamiento ciudadano para incidir con más certidumbre en los procesos de la sustentabilidad?
  3. ¿Cómo deberá articularse el marco legal nacional con el Acuerdo de Escazú y la Carta de la Tierra para lograr una mayor fortaleza en estos derechos de acceso y sobre todo proteger a las y los defensores de los derechos humanos en los asuntos ambientales?
  4. La vertiginosa transformación en las estructuras básicas del entramado social estimula continuamente al sistema jurídico para adaptar sus contenidos y desarrollar nuevas ramas del derecho que, al requerir de una gran especialización por las novedosas materias sobre las que versan, han rebasado conceptualmente las reglas y estructuras sobre los que descansan las disciplinas jurídicas clásicas. ¿Cómo verán esta transformación, que países verdaderamente lo lograran y que será necesario para ello?
  5. Es evidente que los esquemas tradicionales predominantes en los países latinoamericanos para la defensa del medio ambiente han mostrado su desgaste y la falta de soluciones adecuadas que ofrecen sus diseños para la solución de los retos que se presentan en la materia y sobre todo una ausencia del marco ético que esto implica y debe acompañar. ¿Cuáles serán los principales aspectos que habrá de incorporar en los marcos jurídicos y como debe de articularse para lograr reconocer la naturaleza colectiva del derecho a gozar de un ambiente adecuado para la salud y bienestar de los habitantes de cada país, estableciendo además la obligación del Estado a garantizar ese derecho?